. Inza debe declarar ante el juez Bonadío   

Es en el marco de la megacausa ambiental. El ex Intendente deberá explicar el destino de los casi 5 millones de pesos que recibió en 2013 y en 2015 para instalar en Azul una planta de separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, adquirir maquinaria, equipamiento y vehículos, como parte del programa GIRSU. De acuerdo a una auditoria que la SIGEN hizo en esta ciudad, el proyecto presentado por la entonces administración comunal tuvo un “cumplimiento en forma parcial”.

En la mañana de hoy, el ex intendente José Inza deberá declarar ante el juez federal Claudio Bonadío en el marco de lo que se dio a conocer como la megacausa ambiental. ARCHIVO EL TIEMPO/NACHO CORREA

A las 10 de la mañana de hoy, el ex intendente José Inza deberá presentarse en los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde fue citado a indagatoria por el juez Carlos Bonadío en el marco de la mega causa ambiental en la que investiga presuntas irregularidades en el destino de cientos de millones de pesos que el anterior gobierno nacional envió a 193 municipios del país como parte del programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU-, entre 2013 y 2015.

Uno de las comunas que recibió dinero fue, justamente, Azul. Durante la gestión del médico cardiólogo, ingresaron a las arcas municipales casi 5 millones de pesos para financiar la instalación de una planta de separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, adquirir equipamiento, maquinarias y vehículos.

Ahora el juez, luego de una auditoria realizada en esta ciudad por la SIGEN -órgano encargado del control interno del Estado Nacional-, quiere que Inza detalle cómo se utilizaron los fondos que recibió.

La investigación

Cuando el rabino Sergio Bergman asumió al frente del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, inició una auditoria sobre distintos programas que la anterior gestión había llevado adelante.

Entre ellos, el de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos por el cual la Nación había girado a 193 municipios un total de 600 millones de pesos entre 2013 y 2015 para poner en práctica distintos proyectos de educación, concientización, mejora de sistemas de recolección, saneamiento y ordenamiento, entre otros.

El resultado de esa auditoria alertó sobre presuntas irregularidades en el marco del programa y se radicó la denuncia penal.

Cuando la causa llegó a sus manos, Bonadío -titular de Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11-, encargó un seguimiento de las obras realizadas en 120 de los municipios que habían recibido fondos. Entre ellos, Azul.

Luego de tener los informes de ese seguimiento, el juez federal concluyó que hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos, ausencia de estudios de factibilidad, falta de control en la ejecución de planes, transferencias pendientes de rendición, modificaciones e incumplimientos de proyectos.

Por esto, citó a indagatoria a 98 intendentes de todo el país.

Acá cabe señalar que en el procedimiento federal, el juez puede tomar tres caminos luego de tomar declaración: el procesamiento, el dictado de falta de mérito o el sobreseimiento. Distinto es en el fuero de la justicia ordinaria, donde la citación a indagatoria implica el procesamiento.

La auditoria en Azul

El resultado del seguimiento que la SIGEN hizo en Azul determinó que el proyecto tuvo un “cumplimiento en forma parcial”.

En ese sentido, al momento de hacer la inspección detectaron que había una chipeadora marca Deisa que tenía sólo 40 horas de uso; un cargador frontal Iron Group; una topadora sobre orugas marca Iron Group, que en ese momento se encontraba en reparación; una planta recicladora marca Deisa que se encontraba desarmada, sin uso. Además, en el proyecto presentado por el municipio figuraba la compra de tres camiones compactadores y caja volcadora trasera, los que fueron reemplazados por tres camiones volcadores marca Volkswagen. De esos tres camiones, sólo encontraron uno de ellos, los dos restantes estaban en Chillar y Cacharí “según lo manifestado por el responsable del municipio”, consta en el informe.

Así, los encargados de la auditoria realizada en esta ciudad, constataron que “el Municipio adquirió maquinaria. Se compraron camiones volcadores, en lugar de compactadores. La planta recicladora adquirida se encontraba desarmada”, además de que “el municipio rindió fondos del primer desembolso, encontrándose vencida la rendición de cuentas del segundo desembolso”.

En la mañana de hoy, el ex Intendente deberá declarar y dar las explicaciones correspondientes en la conocida periodísticamente como megacausa ambiental.

EL PROYECTO Y LOS FONDOS RECIBIDOS

El proyecto presentado por la gestión del intendente José Inza fue la instalación de una planta de separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, con la compra de maquinaria, equipamiento y vehículos.

En septiembre de 2013, el ex jefe comunal firmó un convenio marco de cooperación y coordinación con la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a partir del cual recibió del gobierno nacional tres transferencias.

La primera fue el 15 de octubre de 2013 por 1 millón de pesos; la segunda, el 23 de octubre del mismo año también 1 millón de pesos; y el 7 de julio de 2015 otra transferencia de 2.922.132 pesos, lo que sumó exactamente 4.922.132 pesos.